Para 2019, en Colombia, las actividades de deforestación, agricultura y transporte representaron dos tercios de las emisiones de GEI . Por ende, los esfuerzos para reducir las emisiones de GEI en Colombia se deben centrar en frenar la deforestación, transformar el sector transporte e impulsar eficiencias en la agricultura, sobretodo en actividades intensivas en emisiones como la ganadería. Si bien en necesario y vital el impulso a las energías renovables no convencionales, para el caso de Colombia, el enfoque único y sesgado en estas fuentes de energía, resultaría una política climática incompleta y poco efectiva.

Por otro lado, el aporte  fiscal y la seguridad energética que brinda el sector de hidrocarburos es particularmente relevante en Colombia. Para el año 2021, el sector de hidrocarburos representó 3,3% del PIB y más del 47% de las exportaciones. Frenar la exploración de hidrocarburos, y por ende en un futuro su explotación, resultaría en un estrés considerable para las finanzas del país. Si bien es cierto, que es necesario transformar la economía nacional para que cada vez dependamos menos de actividades extractivas, también es cierto que una transformación económica de este tamaño no es inmediata, y mientras se va logrando la deseada diversificación,  los recursos económicos de esta actividad sirven como piedra angular para la inversión en proyectos sociales que el país tanto solicita y necesita.

Así mismo, actualmente los hidrocarburos son la base para la seguridad energética -la capacidad de un sistema energético de atender continuamente la totalidad de su demanda-. A medida que aumenta la penetración de energías renovables en un sistema, también aumenta la dependencia y exposición del sistema a factores climáticos. Dicho de otra manera, teniendo en cuenta que el sol no alumbra continuamente, el viento no sopla siempre y se presentan sequías, resulta necesario una fuente de energía que no dependa de factores climáticos para abastecer la demanda. Con las condiciones tecnológicas actuales, las fuentes de energías firme que pueden proveer de manera segura a los sistemas energéticos  son los hidrocarburos. Pensar en un sistema energético que solo se abastece a partir de energías renovables no convencionales, es como pensar en una dieta estricta de solo lechuga. En principio suena saludable, pero evidentemente no es conveniente y mucho menos sostenible en el tiempo. Los Hidrocarburos, tal cual como los otros alimentos, son necesarios en su justa medida.

De esta manera, pensar en una transición energética que no incluya los hidrocarburos resultaría irresponsable e implicaría huir al verdadero desafío de esta transición, también conocido como el trilema energético, esto es, abastecer la totalidad de la demanda a precios competitivos cumpliendo con las necesidades climáticas. Termino con una traducción a “mano alzada” de una frase de mi Profesor Paul Elkins: “La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras o las dejamos de utilizar, se acabó porque encontramos nuevas tecnologías y nuevos materiales para hacer las cosas”.

Por: Emanuel Llanos Pérez

En ningún caso, este artículo pretende abogar en contra de una reducción del valor de la factura de energía, pero no se puede perder de vista que no hay tal cosa como un almuerzo gratis y, por lo tanto, cualquier ahorro que se pretenda generar será asumido por alguien: las empresas de energía que verán este ahorro como una pérdida, los usuarios de estratos altos (como sucede en la actualidad con el FOES), o todos los colombianos como parte del presupuesto general de la nación.

Aunque el mencionado decreto persigue un objetivo bien intencionado, la premisa con la que se aproxima la solución evidencia un claro sesgo: las tarifas de energía hoy son injustas y las empresas se enriquecen a manos llenas a costa de los usuarios.

Para responder a esto, el decreto instruye a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que emita resoluciones con temas tan diversos como la participación ciudadana en los procesos de regulación y formulación de política pública, pasando por la forma en que se deben desarrollar compras de energía para los usuarios regulados (‘pequeños usuarios’), hasta políticas para la formación eficiente de precios en el mercado mayorista.

Así las cosas, es necesario asegurar que las medidas emitidas por el regulador sean tan eficaces en lograr la anhelada justicia tarifaria, como cuidadosas para evitar situaciones de riesgo de desabastecimiento eléctrico; difícil tarea.

Para evitar que tal situación de riesgo se materialice, se requiere asegurar la viabilidad financiera de las empresas que operan en el sistema eléctrico. Esto requiere una adecuada gestión y remuneración de los riesgos en los que se incurren.

En medio de un fenómeno de El Niño que, según las agencias internacionales, se viene fortaleciendo, el riesgo que tiene todo el sistema eléctrico del país aumenta en la medida en la que una reducción en las lluvias tiene como resultado la disminución de la energía disponible para atender la demanda.

Aunque, por ahora, se considera este como un El Niño débil-moderado, su duración es incierta.

En este contexto, en el marco de lo ordenado por el Decreto 929, la Creg emite la Resolución 101 018 de 2023 “Por la cual se define un esquema para vigilar el ejercicio de poder de mercado en los precios de oferta que se presentan en la bolsa de energía y se modifica la Resolución Creg 024 de 1995”.

Es necesario recordar que existen estudios en los que se afirma que algunos agentes han exhibido conductas propias de ejercicio de poder de mercado.

Pero es necesario actuar con extrema cautela porque es a través de los precios que los generadores regulan su embalse; es la forma en la que “guardan agua” para el futuro.

Entre más aumenta el riesgo de que no llegarán las lluvias, más aumentará el precio de su oferta en bolsa para evitar ser llamados a generar lo que, a su vez, permitirá que en su reemplazo generen las plantas térmicas.

La resolución 101 018 requiere que se evalúe la “pivotalidad” y la conducta de los agentes. Esto se traduce en que, primero se identifique que “tan necesario” es un agente para atender toda la demanda y, posteriormente, concluya si se comporta de manera adecuada a partir de sus ofertas.

Sobre los resultados de los indicadores establecidos por el Regulador, se dará aviso a la Superintendencia de Servicios Públicos para que, según su criterio, llegue a conclusiones sobre si los análisis sobre los cuales basó su oferta el generador son merecedores de una investigación o, inclusive, una sanción.

Me pregunto si el temor a la espada de la justicia generará tanto temor que genere comportamientos irracionales en situaciones críticas o, al igual que todos los fenómenos de El Niño anteriores, se llegue a la conclusión de que la primera forma de justicia es asegurarle a todos el acceso al servicio.

Por: Rodrigo Castellanos Flórez