Los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural en Colombia no son ni serán gratuitos aún en tiempo de pandemia
Las medidas de alivio en los servicios públicos de energía y gas emitidas por el Gobierno Nacional en época de pandemia, se pueden resumir en 3: i) financiación del pago a los estratos 1 al 4; ii) suavizar el incremento en las facturas; y iii) empoderamiento de las entidades territoriales para que asuman el pago de los servicios. Con estas medidas el Gobierno Nacional se mantiene firme en respetar la inversión de los particulares en los servicios públicos en el sentido de reconocer el derecho que tiene el comercializador al pago como contraprestación por el servicio, al mismo tiempo que flexibiliza las reglas para permitirle al usuario facilidades en el pago y habilitar a las entidades territoriales a que paguen ellas las facturas en vez de los usuarios.
Las normas relevantes que desarrollan estas medidas se encuentran en el Decreto 517 de 2020 y las Resoluciones 048, 058, 059, 105 y 108 del mismo año emitidas por la CREG. Empecemos por analizar cada una de las medidas. Respecto de las facturas de los servicios de energía eléctrica con períodos de facturación que coincidan con la época de la pandemia, los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 tendrán la opción de no pagar la factura, caso en el cual el comercializador, en vez de suspender el servicio, deberá diferir la deuda a 36 meses a los estratos 1 y 2 y a 24 meses a los estratos 3 y 4. Sin embargo, el tema está en los detalles de la financiación, toda vez que el Gobierno Nacional abrió una línea de crédito a través de FINDETER que le permite a los comercializadores acceder a recursos con una tasa de interés del 0%, pero únicamente para financiar a los estratos 1 y 2, de manera que frente a los estratos 3 y 4 el comercializador tendrá que conseguir recursos en el sector financiero y trasladar dicha tasa de interés a los usuarios.
La segunda medida se conoce técnicamente como la opción tarifaria y obliga a los comercializadores a diferir los incrementos en el costo de la prestación del servicio en plazos superiores a un año, con el fin de evitar que las facturas incrementen significativamente de un mes a otro. Esta medida que pretende suavizar los incrementos se vuelve relevante en esta época de la pandemia, toda vez que a la crisis se le juntaron otros dos elementos que incrementan el precio de la energía eléctrica y el gas: i) la escasez de lluvias; y ii) el incremento de la tasa de cambio del dólar. Sin embargo, es importante aclarar que finalmente el usuario pagará por el incremento en la energía y el gas de manera diferida, razón por la cual se trata de suavizar el incremento y no de ponerle un techo al precio del servicio.
La última medida, es interesante toda vez que el Gobierno Nacional, respetando los principios de autonomía y descentralización, permitió a las entidades territoriales asumir total o parcialmente el costo de los servicios públicos, lo cual implica que las Alcaldías quedan en libertar de decidir si destinarán recursos de su presupuesto para pagar al comercializador. Desde el 4 de abril el Decreto 517 de 2020 habilitó esta medida, y si bien es cierto que el mayor número de ejemplos de Alcaldías asumiendo el pago de las facturas se encuentra respecto de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo también existen casos como el: i) de la Alcaldía de Pereira quien suscribió el convenio CO1.PCCNTR.1495069 con la Empresa de Energía de Pereira para asumir el pago del servicio de energía de los estratos 1, 2 y 3 para los meses de abril y mayo; y ii) de la Alcaldía de Bogotá emitió el Decreto 123 de 2020 el cual asume el pago del 10% de las facturas de energía eléctrica y gas para los estratos 1, 2, 3 y 4 de los meses de abril, mayo y junio.
En conclusión, Colombia optó por un modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios que estimula la inversión privada, según el cual el prestador tiene derecho a recibir el pago como contraprestación por suministrar el servicio. En época de pandemia surgen críticas a este esquema que llaman a la exoneración de los pagos mientras se mantenga la crisis, escenario ante el cual el Gobierno Nacional reaccionó expidiendo reglas para permitirle al usuario facilidades en el pago y dejando en libertad a las entidades territoriales para que determinen si exoneran o no al usuario de pagar la factura, caso en el cual le corresponderá a la respectiva Alcaldía asumir el pago ante el comercializador toda vez que en Colombia los servicios de energía eléctrica y gas no son gratuitos.
